Por saber que un sistema de interceptación de telecomunicaciones es capaz de espiar a cualquier ciudadano, manejado a capricho por alguien y sin causa que lo justifique, ya debería considerarse ilegal Sitel por el solo hecho de la posibilidad que entraña aunque no se utilice. Comprendo que Sitel pueda ser beneficioso y necesario si su uso se limita a la investigación justificada de casos concretos de delincuencia, sin sobrepasar los límites normales del ámbito investigado y bajo el estricto control de una Justicia independiente de los demás poderes del Estado. Pero ese no es el caso en España, donde el nombramiento de los miembros del máximo organo representativo de los jueces -el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- se hace a dedo por los partidos políticos, con método de proporcionalidad. El uso de Sitel, manipulado por el Gobierno y por una Justicia posiblemente subordinada a él, deja entrever, en buena lógica, la sospecha de que al investigar corrupción política de los miembros del partido mayoritario -y por tanto afectos al Gobierno- sea posible la destrucción o la modificación de las investigaciones en la medida para que menos perjudique a sus propios intereses, pues nadie tira piedras contra su propio tejado. De ahí la necesidad inmediata de una ley orgánica, o sea concensuada en el Parlamento, que regule su uso. Y de ahí también que al Gobierno actual, y especialmente a su ministro Rub-Al-Kaaba, no le interese siquiera hablar de eso. ESTA ES LA CUESTION. ¿Son imparciales los altos tribunales de justicia ante los intereses del Gobierno cuando sus miembros son nombrados por un organismo politizado?
Dejo en el aire la pregunta.
Avidad
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